Norma general 341 de la SVS: una tarea que hay que hacer

Rafael Rodríguez

La norma en cuestión fue promulgada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a fines de noviembre y obliga a las empresas a hacer una autoevaluación de los estándares de sus gobiernos corporativos de acuerdo a una encuesta específica contenida en la misma norma. Es importante entender su objetivo, que es el de facilitar “a los diversos actores del mercado conocer y evaluar el compromiso de las empresas con éstas”, de acuerdo a lo señalado en su introducción.

Tenemos la experiencia de haber contactado por mail a todas las empresas a las que afecta esta norma y la convicción a la que hemos llegado es que la mayoría de estas empresas tienen pendientes la asignatura de responder la encuesta, la que si bien hay que rendirla en junio, ésta debe contener las prácticas vigentes al mes de marzo.

Las etapas que se deben seguir para efectos de enfrentar debidamente este requerimiento son tres, siendo la primera de ellas una evaluación económica de la situación actual y el costo de mejorar la posición relativa antes del término del mes de marzo. Si de este análisis resulta que la empresa cumple cinco prácticas de las 24 preguntas contenidas en el cuestionario, por ejemplo, el directorio tendrá que evaluar si decide mejorar su resultado estableciendo parte o la totalidad de las prácticas contenidas en el mismo. El costo de cumplirlas todas puede ser no menor, de aquí surge la evaluación económica para la que se decidiría tener, por ejemplo, para el primer año un cumplimiento de 70%.

En segundo término lo que se debe hacer es incorporar las prácticas buscando aquellas que se adapten a la realidad de la empresa. No se trata hacer sólo un “copy/paste” de otras empresas, tienen que tener un significado concreto dentro de la propia realidad, la SVS tiene facultades de fiscalización.

Finalmente, es necesario contar con un programa de mejoría para un plazo más largo, el que debiera ser realizado por un consultor independiente.

Sin lugar a dudas que una adecuada evaluación de las prácticas de buen gobierno corporativo es mucho más compleja que la mera contabilización de unas respuestas positivas y los rankings relativos que se puedan establecer a partir de estas respuestas, pero no es necesario ser adivino para anticipar que estos rankings se van a elaborar y las empresas que deben contestarlos van a estar expuestas a aparecer en los mismos; el objetivo de desarrollar esta norma por parte de la autoridad es explícitamente el de promover este tipo de análisis.

Hay algunas situaciones que las empresas van a enfrentar, tales como señalar que la empresa no requiere esta práctica. La justificación de esta afirmación va a requerir elaboración.

Una recomendación, ya enunciada anteriormente, es tener en cuenta que algunos de estos cambios pueden requerir de tiempo, por ejemplo el cambiar el sitio web o ser aprobados previamente por el directorio. La presión por este tema en marzo va a ser fuerte; por su trascendencia y el impacto comunicacional que puede llegar a tener, es conveniente partir abordándola antes que después.